LA VERDAD TARDA, PERO LLEGA
El Departamento de Estado como el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América han rechazado en forma definitiva la extradición del
ex Presidente Sánchez de Lozada basándose en el argumento de la falta de base
legal y fáctica de las acusaciones así como en la idea que en los E.E. U.U.
ningún Presidente podría ser juzgado por cumplir con la obligación
constitucional de defender la democracia y la Paz social ante un proceso
subversivo que derivó en un golpe de estado.
Se trata de una
decisión soberana del poder ejecutivo de
los E.E.U.U., luego de la valoración de los hechos y del Derecho, la
misma que puede ser interpretada como una ratificación inobjetable de lo que ya
había sido establecido a nivel
judicial por la Corte de apelaciones de
los Estados Unidos para el Distrito once, el 29 de agosto de 2011.
Los hechos de octubre de 2003 fueron un hito
central del proceso de desestabilización de la democracia liderizado por intereses extranjeros y por quienes hoy gobiernan
y estuvo marcado por un incesante
llamado al bloqueo, a la violencia, a la insurrección armada y a la guerra
civil. Repitiendo consignas falaces y envenenando el alma del pueblo boliviano,
hoy siguen intoxicando la
posibilidad de debate alguno mediante la
repetición incesante de mentiras
descomunales, como las que se dijeron sobre el gas. Con ellas se soliviantó a la población de El Alto y se
enfrentó al boliviano contra su hermano con la pérdida lamentable de vidas
humanas, incluyendo civiles, militares y
policías. Esto es público y consta no solo en la memoria histórica
colectiva sino en cientos de registros de medios de comunicación.
A 9 años de aquel infausto acontecimiento el
pueblo boliviano puede juzgar con la razón y sin pasión que la venta del gas
era una necesidad, que la nacionalización fue sólo discurso porque en los
hechos hubo renovación de los contratos con las empresas petroleras que hoy
reciben mayores beneficios que antes, y que YPFB se ha convertido en el objeto
del saqueo y latrocinio más descarado que haya ocurrido en Bolivia.
En el
pseudo proceso judicial posterior sobre los hechos, se intentó tapar la verdad, con la amnistía a favor de los dirigentes político–sindicales,
decretada por el señor Carlos Mesa y así se burló a la justicia y a las
víctimas en su dolor. Los dirigentes del MNR de esos días fueron los
primeros conejillos de Indias de la
instrumentalización de la politización de la justicia contra cientos de bolivianos.
Desde el gobierno, los verdaderos
responsables han hecho de la justicia un instrumento político, dirigido a
satisfacer sus necesidades de mantenerse
en el poder, no dudando para ello en calumniar sin tregua, encarcelar,
enjuiciar, perseguir y desterrar tanto a los que derrocaron en 2003 como a los
integrantes de la oposición actual. Si
el senador Roger Pinto se asiló luego de padecer un verdadero linchamiento jurídico con 21
procesos y corría el riesgo de ser asesinado, que podemos decir de la senadora
Carmen Eva González, con 18 juicios
abiertos así como de los más de 500 compatriotas refugiados a través del mundo
según el ACNUR y de los dantescos linchamientos con los que se administra hoy
justicia en Bolivia.
Dios, la Historia y el Pueblo juzgaran a los
verdaderos responsables del golpe de estado de hace 9 años y a
los autores de lo ocurrido después ya que Bolivia vive hoy más que nunca regida
por la lógica de la violencia, habiéndose sembrado niveles de racismo,
xenofobia y odio incompatibles con la construcción de un futuro harmonioso. Una vez más hacemos un llamado a los
bolivianos de bien, que creen en la democracia y la fraternidad, a buscar por
sobre todas las cosas la verdad.
MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO
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